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Firma de la Carta de Intención para Establecer un Mecanismo de Seguridad a los Periodistas del Paraguay. Foto: Presidencia de la República del Paraguay

Con la presencia del subdirector General de la Unesco para la Comunicación e Información, Frank La Rue, representantes de los tres poderes de Paraguay firmaron el pasado 28 de noviembre una Carta de Intención para Establecer un Mecanismo de Seguridad a los Periodistas del Paraguay.

La firma de este documento busca “impulsar iniciativas que garanticen entre otros aspectos, el fortalecimiento de las políticas y la legislación vigentes en el Paraguay sobre la libertad de prensa y de seguridad”, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República del Paraguay.

La implementación de mecanismos de protección para periodistas, según explicó La Rue en conversación con el Centro Knight, es una petición que desde la Unesco se le está haciendo a todos los países del mundo en el marco de la agenda de las metas para el desarrollo sostenible de la ONU. Aseguró que un mecanismo “no está dirigido a calificar al país, [sino que] está establecido para crear procedimientos que las y los periodistas puedan utilizar para su seguridad”.

Para el caso específico de Paraguay, La Rue resaltó el hecho de que los tres poderes del Estado se unieran en esta iniciativa, lo que lo convierte en el primer país del mundo en hacerlo.

“Me parece que este fue un paso muy importante porque Paraguay decidió que sí querían [hacer un mecanismo] y querían ser ellos los que promovieran esto como un paso inicial y como un ejemplo único en el mundo”, aseguró La Rue.

El subdirector de la Unesco no obstante aseguró que están consciente de que esto no se trata de una “varita mágica” o una solución en sí misma, sino que les ofrece a los periodistas “un camino para poder tener un diálogo con las autoridades sobre planes de protección, política de seguridad y prevención y un mecanismo para denunciar o pedir ayuda de emergencia”.

Además de La Rue, el documento fue firmado por el Canciller Nacional, Eladio Loizaga, en representación del poder Ejecutivo; el senador Roberto Acevedo por el Legislativo; y el vicepresidente de la Corte Suprema del país Raúl Torres Kinser en representación del Judicial. El fiscal general del país, Javier Díaz Verón, lo firmó en calidad de testigo de honor.

Asimismo, el comunicado de la Presidencia señaló que tras esta firma se busca implementar políticas de prevención de violencia contra periodistas que incluyen capacitación para los comunicadores, y para miembros de la fuerza pública y operadores de justicia del país. También se establecerá un “procedimiento de repuesta rápida de protección” en caso de una “amenaza inminente contra un trabajador de la prensa”, señaló el comunicado.

La Presidencia de Paraguay aseguró que los tres poderes del Estado “unirán sus esfuerzos para promover y proteger la seguridad de los comunicadores y luchar contra la impunidad de los crímenes que pudieran cometerse contra los mismos”.

Luego del acto protocolario, La Rue ofreció una charla sobre “Seguridad de Periodistas”, informó Última Hora.

“El Gobierno llega un poco tarde”, SPP

Aunque Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), espera que con la asesoría de la Unesco “esta carta de intención sirva para cambiar [la] realidad” que vive el país en materia de libertad de expresión, señaló que ellos como Sindicato tienen “desconfianza” hacia los poderes del Estado.

Para Ortiz, hubiera sido mejor que la “carta de intención” pasara a hechos concretos que garanticen la seguridad de los periodistas. Según le dijo al Centro Knight, la carta llega un poco tarde teniendo en cuenta que el SPP con el apoyo de otras organizaciones y de algunos legisladores han logrado incluir en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca crear un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.

“Creemos que si realmente hay una intención, lo primero es aprobar esa ley que crea el mecanismo de protección a periodistas que involucra a diversas instituciones del Estado”, aseguró Ortiz.

El proyecto de ley al que hace referencia se encuentra actualmente en debate en comisiones de la Cámara de Diputados, según explicó Ortiz. Pero su camino aún es largo. Después deberá ser aprobado por el pleno de la Cámara, ser debatido en comisiones del Senado y luego ser aprobado por el pleno del Senado. Según dijo, desde el SPP esperan que “al menos pase el primer trámite parlamentario” antes de que termine este año.

La Rue por su parte enfatizó en que la firma de esta carta de intención no descarta el proyecto de ley, y por el contrario la complementa, aunque aclaró que todavía no ha leído el proyecto de ley.

“Ahora, si el mecanismo se usa o no dependerá de la sociedad civil, de la voluntad política de los tres poderes del Estado y de la presión que la sociedad civil pueda hacer y de las denuncias [que haga]”, aseguró La Rue.

Adicionalmente, para el secretario general del SPP, lo primero que debería hacer el poder judicial, teniendo en cuenta el compromiso expresado durante la firma de la carta, es “un registro total de los crímenes cometidos contra periodistas”. Según cifras del Sindicato son 17 los asesinatos de trabajadores de la prensa cometidos en el país desde 1991.

De acuerdo con Ortiz, sobre estos crímenes no existe información relacionada con el avance de los expedientes judiciales: “Toda la información es parcial o no es la adecuada”, aseguró. También resaltó como preocupante el hecho de que el 35 por ciento de los homicidios, registrados desde 1991, hubieran ocurrido a partir de 2012.

Precisamente La Rue señaló que uno de los “temas fundamentales” en todo mecanismo es “la necesidad de investigar los casos y de llegar a conclusiones”, toda vez que “la lucha contra la impunidad es uno de los factores más importantes en la seguridad de periodistas”.

En 2014, Paraguay fue incluido en la lista de los países más mortíferos para periodistas elaborada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Tal vez uno de los crímenes más significativos ese año fue el de Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color, y su asistente Antonia Almada. Sus colegas impulsaron una campaña “justicia para Pablo”.

Silvia Higuera

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